La firma Skava Consulting alertó sobre la necesidad de resolver el problema en la construcción de la hidroeléctrica. La anterior junta directiva consideró riesgoso el cambio de diseño. El túnel se construyó sin licencia ambiental de la Anla 10 días antes de empezar la construcción. La película comienza. EN LA FOTO DE EPM EN EL TIEMPO: Álvaro Rendón, gerente de EPM; Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y Alexánder Sánchez, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de EPM, quienes detallaron hallazgos del informe presentado en Medellín.

Las claves del dosier de EPM contra los constructores de Hidroituango

LA PRESENTE NOTA EN EL TIEMPO AQUÍ:

Un documento que consta de 315 páginas contiene las claves por las que EPM comenzó una reclamación contra los consorcios encargados de levantar Hidroituango, hidroeléctrica en construcción que en 2018 vivió una grave emergencia.

En el proceso judicial, el cual comenzará con una conciliación, la importante empresa antioqueña tiene pretensiones por 9,9 billones de pesos.

UNA DE LAS CARTAS CLAVES QUE TIENE COMO PRUEBA EPM ES EL ESTUDIO DE CAUSA-RAÍZ DE LA FIRMA SKAVA CONSULTING, EN EL QUE SE EVIDENCIARON ALGUNOS ASPECTOS QUE LOS CONSORCIOS CONOCIERON CON ANTICIPACIÓN Y QUE, ASEGURÓ LA EMPRESA, DE HABERSE TENIDO EN CUENTA QUIZÁ SE HABRÍA EVITADO LA EMERGENCIA.

Entre los hallazgos del estudio se determinó la causa del taponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) o tercer túnel, por donde se desviaría el río Cauca.

SEGÚN SKAVA, LA CAUSA FÍSICA MÁS PROBABLE DE LA EMERGENCIA FUE LA EXISTENCIA EN EL PISO Y EL TECHO DE DICHO TÚNEL DE CIZALLAS; ES DECIR, ZONAS DE FRAGILIDAD GEOLÓGICA, QUE AL COMBINARSE CON EL AGUA TAPONARON LAS SALIDAS DE LA ESTRUCTURA, PROVOCANDO EL COLAPSO.

Tras conocerse esa causa, EPM argumentó que revisó 1.230 registros documentales, hallando que sí se alertó sobre la necesidad de resolver este problema.

De hecho, aseguró la empresa, en algunos informes se recomendó la instalación de mallas que tenían el propósito de corregir la calidad del macizo y también aplicar capas de concreto. Sin embargo, los encargados de esta parte de la obra, al parecer, no cumplieron con la tarea.

Así lo confirmó a EL TIEMPO Alexánder Sánchez, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de EPM, quien reiteró que una vez la empresa tuvo conocimiento de ello giró los recursos para resolver el problema.

 “Durante la ejecución del contrato en varias viñetas de los acuerdos de modificación bilateral suscritas con los contratistas se abordó el manejo de las cizallas con el fin de evitar riesgos. Sin embargo, después de revisar dichas fuentes se constató que no se desarrollaron las obras a las cuales se comprometieron los contratistas, lo que nos ubica en una condición de incumplimiento contractual”, dijo Álvaro Rendón, gerente general de EPM.

El documento de EPM reseñó el cambio en el diseño inicial de la obra, que contemplaba solo dos túneles de desviación de agua, los cuales luego tuvieron que ser taponados.

En este punto hay dos hechos vitales: el primero, que la junta directiva de la época consideró riesgoso el cambio de diseño, que implicaba la construcción del tercer túnel, hoy accidentado. La segunda tiene que ver con que este túnel se construyó sin licencia ambiental, permiso que debió solicitarse a la Anla 10 días antes de empezar la construcción.

Otro de los puntos señalados por EPM se refiere a que los estudios de hidrología y sedimentación tenían más de 35 años y, supuestamente, no fueron actualizados a la hora de hacer los nuevos diseños.

Las firmas que conciliarán con EPM son el consorcio diseñador Generación Ituango, el consorcio constructor CCCI y el consorcio interventor Ingetec y Sedic. Además de las aseguradoras Suramericana S. A., y Chuub Seguros.

El consorcio CCCI, por su parte, señaló su “extrañeza” ante la solicitud de conciliación de EPM. “No podemos aceptar que se nos endilgue la supuesta responsabilidad”, comunicó la empresa constructora.

Advirtió de los graves impactos financieros que representaría para esas empresas asumir la indemnización exigida por EPM, por ello hizo un llamado a que se reconsidere la decisión y se retiren las pretensiones.

Tras la acción iniciada por EPM, la Procuraduría tiene 10 días para pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud. Luego se fijarán fechas de conciliación, cumpliendo el requisito previo a una demanda.

Willington Gil, abogado experto en Derecho Administrativo, señaló que el proceso será largo, pues seguramente se llegue a un tribunal y quizá hasta al Consejo de Estado.

EPM también reclamó por los recursos empleados en las 4.000 familias afectadas por la emergencia y lo que dejó de recibir por el retraso en el funcionamiento de la hidroeléctrica.

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