Procuraduría inicia indagación preliminar sobre PBOT

Los miembros del Concejo Municipal de Cajicá que aprobaron la revisión general del PBOT a finales de 2014 recibieron una citación de la Procuraduría. La razón, una demanda interpuesta por el ciudadano Josué Frías. Deberán explicar si faltaron documentos necesarios para el trámite.

 

Concejo

La Procuraduría Provincial de Zipaquirá decidió abrir una indagación preliminar para cerciorarse de que el Acuerdo Municipal No. 16 del 27 de diciembre de 2014, por el cual se adopta la revisión general del PBOT –Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cajicá–, presentado por la Administración Municipal, y que contó con el beneplácito del Concejo, surtió todos los trámites estipulados por la ley y contó con la documentación requerida.

La decisión del ente de control se produce como respuesta a la denuncia presentada por Josué Frías Cruz, antiguo gerente de la EPC, quien en abril de este año solicitó al procurador general investigar presuntas falencias en el trámite de aprobación, que, de ser ciertas, pondrían en entredicho la validez del PBOT.

¿En qué consiste la demanda?

La base de la demanda es la alegada falta de uno de los documentos necesarios para que el Concejo pudiera discutir el acuerdo. Se trata de una Resolución de Concertación Ambiental, que debía ser expedida por la CAR Cundinamarca y que, según el texto de la denuncia, no había sido recibida por la Administración al momento de iniciar las discusiones en el Concejo. El demandante fundamenta su señalamiento en los registros magnetofónicos (es decir, las grabaciones) de una de las sesiones del Concejo, en las que el entonces secretario de planeación, Camilo Bello, acepta que esa resolución no se ha recibido y que llegará en los próximos días.

En caso de ser cierto, y de acuerdo con la tesis de quien demanda, esto constituiría una falla procedimental que justificaría la suspensión de la aprobación del proyecto de acuerdo.

Bajo ese argumento, Frías solicitó que se declarara ilegal el acuerdo mediante el cual se aprobó la revisión del PBOT, e hizo llegar su queja a la Gobernación y al Concejo Municipal, así como a la CAR Cundinamarca. Sin embargo, al no obtener respuesta satisfactoria por parte de estos entes, decidió elevar su petición a la Procuraduría General.

La denuncia interpuesta ante el Ministerio Público está fechada del 7 de abril de 2015. El 21 de agosto, los concejales recibieron una citación por parte de la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, en la que se les notifica de la existencia de la demanda y se les solicita presentarse para rendir indagatoria preliminar.

Respuesta de los concejales

Al respecto, el concejal Juan Carlos Carreño, actual presidente del Concejo, afirmó que “en la argumentación que la Corporación llevó a la Procuraduría está toda la documentación pertinente, incluyendo el documento que el señor Frías argumenta que no se tenía en ese momento”.

Asímismo, explicó la razón por la cual la citación llegó a todos los concejales, sin importar su voto en el acuerdo referido: “todos los concejales tenemos la facultad de debatir y de solicitar documentación y si no lo hicimos, estaríamos omitiendo, y si pedimos más de la cuenta estaríamos extralimitándonos, entonces por eso la citación llegó para todos, independientemente de partidos o de asuntos de cualquier otra índole”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la gravedad de la demanda, Carreño desestimó la posibilidad de que el recurso logre resultados efectivos. “La verdad esto no tiene una trascendencia grande. El PBOT no lo van a echar para atrás”.

No obstante, el demandante afirma en su denuncia que la Administración Municipal obtuvo la resolución de la CAR el 13 de noviembre en “apariencia de legalidad”, pero que este hecho es contradictorio con las palabras del secretario de planeación del momento, que manifestó en diciembre que el documento “llegaría en los próximos días”.

Por otra parte, el concejal Pablo Afanador manifestó que la demanda es un asunto de interpretación de la ley. “Cada quien la interpreta –a la ley– muchas veces a su acomodo, ven las cosas de manera diferente”, aseveró.

Al ser interrogado sobre el futuro del proceso, Afanador manifestó que lo próximo es el trámite de citación a todos o a cada uno de los concejales. “En lo personal, me presenté el 24 de agosto. Allí nos hacen firmar la notificación y de ahí en adelante quedamos vinculados al proceso. El tiempo que dure esto no se puede determinar en este momento”, aclaró. Afanador, al igual que Carreño, tampoco consideró que la demanda vaya a tener implicaciones graves para los concejales o para el PBOT.

Por su parte, el secretario de planeación, Leonardo Higuera, se abstuvo de dar declaraciones a este medio en relación al caso, pues argumenta que no tiene conocimiento de la denuncia.

¿Qué es indagatoria preliminar?

Es importante explicar que la indagación preliminar, de acuerdo con la jurista Liliana García Kure, es una instancia previa a la etapa de investigación y su objetivo es verificar y establecer con cierta aproximación la ocurrencia de la conducta, si esta constituye una falta disciplinaria, así como la individualización y la identidad de su autor. En otras palabras, trata de averiguar si se amerita iniciar un proceso judicial.

Independientemente de su desenlace, la decisión de la Procuraduría sienta un precedente que respalda el derecho de la ciudadanía a auditar y vigilar las decisiones de sus gobernantes.

*Entrevistas a concejales realizadas por Dahira Malaver.



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