ADMITIDA DEMANDA CONTRA EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, “POR PRESUNTA VIOLACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO” EN SECTOR DE CAPELLANÍA.

En efecto, según conoció El Observ@dor, mediante Auto oficial del Juzgado Primero Administrativo Oral de Zipaquirá, en cabeza del señor Juez Carlos Leonel Buitrago Chávez, con fecha del 1 de marzo de 2018,  ese despacho admitió la Acción Popular Número 2018-00045, presentada por el señor Harold Hemel López Castro en contra del municipio de Cajicá, [citamos aparte del auto]“por la presunta violación del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, ya que según se afirma en la demanda, al ponerse en marcha el Plan de Movilidad del 26 de octubre de 2016, se acrecentó la cantidad de vehículos que usan la calle 4, generándose gran cantidad de polvo en la zona circundante a los conjuntos Candelaria 1 y 2, a otros conjuntos cerrados y al barrio Capellanía.”

Harold Hemel López, precisó a El Observ@dor que la Acción Popular en referencia se presentó “en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, contra la Alcaldía Municipal que  actualmente gobierna y administra el Ingeniero Orlando Díaz Canasto”.

EL Auto del Juez dispone, entre otros aspectos: que se notifique del mismo personalmente al alcalde de Cajicá, y advierte al demandado (el alcalde) que dispone de un término de diez días contados a partir de  la notificación personal del auto (2 de marzo de 2018), para contestar la demanda y solicitar la práctica de pruebas que pretende hacer  valer en el proceso.

¿Qué es la Acción Popular?

Según la Ley 472 de 1998, Artículo 2º: Las Acciones Populares: Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

¿Qué tipo de derechos protegen las acciones populares?

Todos aquellos derechos relacionados con el ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre competencia económica, etc.